( 26-12-2024 )

El Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros del año para avanzar en varios asuntos clave en materia devivienda:  la gran empresa pública y controlar los alquileres de corta estancia. En concreto, ha aprobado cuatro decretos leyes con los que ha transferido a Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) la titularidad de las viviendas del Estado para dedicarlas a alquiler asequible, ha modificado la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y ha dado vía libre al registro único de alquileres de corta duración. También ha prorrogado las deducciones por obras de mejora energética de las viviendas.

Las dos primeras medidas suponen avanzar en la creación de la empresa estatal de vivienda prometida a principios de dicie3mbre por el presidente del Gobierno , Pedro Sanchez ,que tendrá su germen en Sepes tras ser reconvertida y fortalecida. En concreto, la aportación a Sepes se realiza a través del procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aunque la tasación corresponde a Sepes, que la realizará una vez integrados en su patrimonio los inmuebles para incluirlos en su contabilidad patrimonial.

Los inmuebles de los que Sepes dispondrá en su patrimonio proceden del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado ( Muface) y Patrimonio Nacional. Además, estas dos últimas entidades mantendrán la titularidad de los inmuebles, pero corresponderá a Sepes su gestión "en virtud del convenio que suscriban las entidades".

Respecto a la modificado la Ley de Contratos del Sector Público, el objetivo es impulsar la promoción de vivienda pública y avanzar en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de distintas fórmulas de colaboración público-privada.

El cambio aprobado afecta al régimen jurídico aplicable a los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública. "De esta manera, se establece una serie de particularidades a los contratos de concesión cuando éstos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública y cuyo destino sea el de social o a precios asequibles", explica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

NOTICIA PUBLICADA EN EL ECONOMISTA

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