( 27-12-2019 )

La Fiscalía ha denunciado al Alcalde de Moralzarzal (Madrid) por un delito continuado de prevaricación administrativa previsto en los artículos 404 y 74 del Código Penal al considerar que tanto él como la Concejal de Urbanismo han cometido irregularidades en la contratación.

La Fiscalía dice en su denuncia que «durante los años 2016 y 2017 el Ayuntamiento de Moralzarzal llevó a cabo la celebración de numerosos contratos menores sin que, en muchos casos, se cumpliera lo dispuesto al respecto por la Ley de Contratos del Sector Público». Dice que en 2017 consta que se celebraron un total de 2.716 contratos menores, es decir, un 59,8 por ciento del total de contratos celebrados por el  Ayuntamiento, con lo que se dispuso de dos millones de euros a través de operaciones contractuales, representando un 29,72 por ciento del importe total dispuesto por el Ayuntamiento en ese año.

Según el Fiscal, a través de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente se celebraron contratos menores que no respetaron el límite establecido por la Ley de Contratos, o bien, duraron más de un año. Esto hizo que la Intervención Municipal se opusiera a ello, pero el Alcalde autorizó los créditos para abonar las facturas a pesar de los informes desfavorables.

Un caso es el contrato formalizado con la empresa Urbaser S.A. que presentó al cobro diversas facturas que se tramitaron por el Ayuntamiento como contratos menores autorizándose el gasto. Se da la circunstancia de que dicha empresa es la que tiene la concesión de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines, por lo que recibe la correspondiente contraprestación en la que no se incluyen las referidas facturas.

Otro caso denunciado por la Fiscalía es el de la empresa Morajardín S.L. con la que se contrató a pesar de la oposición de la Intervención Municipal. El motivo de la oposición era porque el contrato no podía superar un año de duración y no podía tener posibilidad de prorroga al suponer la vulneración de la Ley de Contratos Públicos.

Otro caso es un contrato menor con la aseguradora MGS a la que se le han abonado una cantidad en concepto de «prima anual seguro accidentes innominados» correspondiente al ejercicio de 2017 con informe desfavorable de intervención.

El Fiscal también ha detectado otras facturas que incumplen la Ley de Contratos Públicos, todas ellas con informe desfavorable de la Intervención.

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