El Tribunal Supremo pone límites a las demoras municipales en las consultas urbanísticas
( 30-10-2026 )
Cuando una empresa o un particular consulta al Ayuntamiento sobre la viabilidad de un proyecto, necesita una respuesta para decidir si continúa adelante. Sin embargo, algunas consultas podían prolongarse sin un horizonte definido, con el consiguiente perjuicio para inversiones y operaciones inmobiliarias.
El Tribunal Supremo ha puesto límites a esta situación en una sentencia dictada en septiembre de 2026, al anular una previsión de la ordenanza urbanística del Ayuntamiento de Madrid que permitía tramitar determinadas consultas sin plazo máximo y con requerimientos ilimitados.
El asunto se refería a proyectos que planteaban soluciones técnicas alternativas a las previstas habitualmente en el Código Técnico de la Edificación.
El Supremo recuerda que, aunque estas consultas tengan carácter informativo y no sustituyan a la licencia urbanística, la Administración está obligada a contestarlas dentro de un plazo. Cuando no exista otro válidamente establecido, se aplica el plazo general de tres meses previsto en la Ley 39/2015.
La complejidad técnica de un proyecto puede justificar actuaciones adicionales, pero no que su tramitación se prolongue indefinidamente.
La sentencia tiene especial importancia para propietarios, promotores y empresas que necesitan conocer las condiciones urbanísticas antes de realizar una inversión, reformar un inmueble, solicitar una licencia o poner en marcha una actividad.
Una respuesta que se retrasa durante meses puede paralizar una operación, ocasionar pérdidas económicas o llevar al interesado a asumir riesgos que podrían haberse evitado.
Conviene aclarar que el transcurso del plazo no supone la aprobación de lo consultado ni autoriza por sí solo la actuación proyectada. Lo que refuerza esta sentencia es el derecho a obtener una respuesta y a exigirla, incluso judicialmente, cuando la Administración no cumple su obligación.
Ante una consulta urbanística que se prolonga sin justificación, examinar los plazos aplicables y las posibilidades de actuación legal puede resultar decisivo para evitar que un proyecto permanezca bloqueado.
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